Decomisan software pirata por un valor superior a los 5.4 millones de soles
En un operativo conjunto entre la Dirección de Delitos Intelectuales de la Policía Fiscal del Perú y la Segunda Fiscalía Especializada en Asuntos de Propiedad Intelectual, fueron intervenidos 15 puestos de la galería Compuplaza, ubicada en el Jr. Camaná 1152 (Cercado de Lima) en donde se comercializaba software de procedencia ilegal. La cantidad incautada asciende a 15,000 unidades (CD´s) aproximadamente, que equivale a 5.4 millones de soles, que sumado a los más de 10 millones de soles incautados en lo que va del año, superan la cifra de 15 millones en software pirata, decomisados por las autoridades.
En total, más de 150 efectivos participaron de la exitosa intervención que duró cerca de una hora. Entre los productos que se vendían de manera ilegal figuraban sistemas operativos, programas de diseño, ofimática y diversos juegos, entre otros, que ponen en peligro la seguridad y privacidad de la información de los usuarios que los instalan en sus equipos, dejándolos indefensos y expuestos a robos de información, potenciales hurtos en sus cuentas bancarias e incluso ser víctima de suplantación de identidad para cometer un delito
Con este operativo, la Policía Fiscal demuestra una vez más el firme objetivo de hacer respetar los derechos de propiedad intelectual y castigar a los que infrinjan la ley sobre delitos de uso ilegal de software en el país.
Según el último informe de la BSA (The Business Software Alliance), el 65% de Software es ilegal en el Perú. Una cifra que habla de la poca conciencia acerca de los perjuicios que esto puede generar a nuestros dispositivos electrónicos. Según este informe, uno de cada cuatro software “piratas” está infectado por virus, poniendo toda nuestra información en grave riesgo de robo o pérdida.
Cabe resaltar que la Ley de Derechos de Autor, Decreto Legislativo 822, sanciona el uso ilegal de software con multas de hasta 180 UIT (S/. 693 000), sin perjuicio del pago de los derechos devengados por el tiempo en que se ha incurrido en la práctica. El Código Penal castiga a quien incurre en este delito con pena privativa de la libertad de hasta ocho años.
