Propuesta en el Congreso pone en riesgo un servicio esencial que viene siendo clave para la población en plena pandemia La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional-AFIN comparte con la opinión pública lo siguiente: La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso pretende frenar el despliegue de antenas de telefonía móvil e infraestructura de telecomunicaciones, y con ello pone en riesgo el acceso a internet para la población, con la educación, el trabajo y salud en forma remota, además del comercio electrónico, que nos está permitiendo afrontar esta pandemia.A través

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Las empresas de telecomunicaciones BITEL, CLARO, ENTEL y MOVISTAR asociadas a AFIN, respaldan totalmente la declaratoria de emergencia nacional dispuesta por el Gobierno Peruano para enfrentar el brote del COVID-19 y reiteran su firme compromiso de mantener la continuidad de los servicios de telecomunicaciones que prestan, en estas difíciles circunstancias. Para asegurar el funcionamiento de los servicios, se requiere la participación del más preciado recurso: sus colaboradores, a fin de garantizar que las redes sigan funcionando, que los canales de atención virtual brinden el soporte adecuado, y se continúe

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La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional-AFIN informa a la opinión pública que las empresas de telefonía móvil asociadas a su Institución, están cumpliendo el día de hoy con la disposición del Ministerio del Interior y de Osiptel, procediendo a bloquear y suspender el millón de líneas celulares solicitado, a pesar de haber advertido a las autoridades los inconvenientes de la aplicación de esta medida en la forma dispuesta y haber solicitado la modificación del cronograma para hacer la campaña informativa respectiva previa. En ese sentido se solicita al

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La Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional –AFIN, expresa su preocupación ante la reciente modificación del Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA) del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), que mantiene el cobro por verificación biométrica. Ello, en perjuicio de la competitividad del sector de telefonía móvil, por mantener un criterio recaudatorio en la prestación de un servicio público.   Hace dos años se impuso en el Perú la verificación biométrica de identidad al momento de contratar servicios de telefonía móvil. Si bien esta obligación es una práctica

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